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LA VULNERACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA art. 24 CE

LA VULNERACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA art. 24 CE

 

Este derecho a la tutela judicial efectiva está establecido en el artículo 24 de la Constitución Española, y comprende:

  • El derecho a acceder a los jueces y tribunales en defensa de los derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso se pueda producir indefensión.
  • El derecho a tener oportunidad de alegar y probar las propias pretensiones en un proceso legal y en régimen de igualdad con la parte contraria sin sufrir indefensión.
  • El derecho a obtener una respuesta razonada, motivada y fundada en derecho dentro de un plazo razonable.
  • El derecho a ejercitar los recursos establecidos frente a las resoluciones que se consideren desfavorables.
  • El derecho a un procedimiento con garantías, así como a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa , a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
  • Y el derecho a obtener la ejecución del fallo judicial, ya que si no fuera así las decisiones judiciales y los derechos que en ella se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna.

 

Es una obligación que la Constitución impone a los órganos judiciales de suerte que no vale con el mero fallo declarándose su voluntad en un sentido u otro sino que habrá de ser la consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la irracionalidad (entre otras muchas, SSTC núm. 61/1983, de 11 de julio;  núm. 77/1988).

 

No podemos permitir la falta de motivación, la vulneración de la legalidad y las interpretaciones impropias y caprichosas de la Ley, a este respecto es conveniente recordar la siguiente jurisprudencia:

“viene declarando reiteradamente que, en el contexto del artículo 24.1 CE, la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales. Por otro lado, para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el artículo 24 CE se requiere […], que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional” (STC 40/2002).

“la idea de indefensión engloba, entendida en un sentido amplio, a todas las demás violaciones de derechos constitucionales que puedan colocarse en el marco del artículo 24 CE” (STC 48/1984 y SSTC 146/2003, 199/2006 y 28/2010). Se origina por tanto la indefensión, siguiendo la abundante jurisprudencia constitucional, cuando de forma ilegítima se priva o limita los medios de defensa producida en el seno de un proceso, produciendo en una de las partes, sin que le sea imputable, un perjuicio definitivo en sus derechos e intereses sustantivos.

“(…) Los derechos y garantías previstos en el artículo 24 CE no garantizan, ciertamente, la justicia de la decisión o la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto (…). Y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso (…). Ahora bien, lo que en todo caso sí garantiza el expresado precepto es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (…)”. [STC (Sala Segunda) núm. 173/2002, de 9 de octubre; FJ 8].

El TC define la arbitrariedad como aquella resolución que, aun constatada la existencia formal de una argumentación, no es expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un mero voluntarismo judicial o la expresión de un proceso deductivo irracional o absurdo (SSTS núm. 148/1994, de 12 de mayo y núm. 160/1997, de 2 de octubre, entre otras muchas).

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