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Los códigos de buenas prácticas en el desahucio

Los bancos tienen el deber de informar a sus clientes con problemas económicos de la existencia de un Código de Buenas Prácticas al que están voluntariamente suscritos. Sin embargo, en la práctica, muy pocas entidades lo hacen.  Ello evitaría muchos desahucios. Un juez del juzgado número 6 de primera Instancia de Córdoba en el procedimiento de juicio ordinario 401/2017  con fecha 12 de abril de 2018  denuncia la situación y advierte que no tiene herramientas para sancionar dicho comportamiento.

Viene regulado por Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, estipula una serie de medidas en el ámbito de las familias hipotecadas con problemas de pago para que los bancos y cajas que voluntariamente se adhieran sigan un protocolo para ayudar a reducir la carga mensual o, en caso de no ser posible evitar la ejecución hipotecaria, se pacte una dación en pago. Esta normativa incluye un código de buenas prácticas a seguir por las entidades financieras que lo quieran aceptar.

José Maria Erausquin es socio de Maite Ortiz, abogada de esta persona afectada en Córdoba. “Lo que estamos viendo es que pocas entidades bancarias le ofrecen a su cliente con problemas económicos adherirse al Código de Buenas Prácticas Bancarias. Eso hace que muchos acaben en ejecución hipotecaria sin la existencia de dicho Código. Precisamente dicho Código lo que pretende es evitar este tipo de situaciones, buscando otras soluciones que eviten su exclusión social”.

Ahora la ejecución está en suspenso, como todas las relacionadas por vencimiento anticipado a expensas que Europa resuelva el tema del vencimiento anticipado  que planteó el Supremo “por quinta vez ha hecho esta pregunta” al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si pese a que la cláusula es nula siga la ejecución hipotecaria. Es como si esperase que le dieran la razón en este tema. El TJUE ya ha dicho que si la cláusula es abusiva se expulsa del contrato pero el Supremo ha vuelto a preguntar. Esta ejecución hipotecaria no hubiera ocurrido si el banco hubiera informado al cliente del Código y sus ventajas”.

Reconoce que fueron al juzgado ordinario de dicha ciudad y hablaron con el juez” queremos que sepa que ha incumplido el banco una norma imperativa. De hecho en la documentación que tenemos se indica que la entidad bancaria deberá informar sobre este Código de Buenas Prácticas. Le pedimos que declare que el banco no ha cumplido y que paralice la demanda de ejecución”.

El propio juez, estima parcialmente estas peticiones “reconoce que el banco no le ofreció adherirse a dicho Código y no le ofreció ningún tipo de información. Queda probado que el banco no cumplió con su obligación. Luego nos dice el propio juez que no puede ir más allá porque el decreto del Código no prevé instrumentos que permitan al juez hacer cumplir al banco con dicha norma o sancionarle por no cumplir”.

Para Erausquin “el análisis del juez es muy interesante. Coincide con algunos planteamientos nuestros. Sabemos que ese Código es de adscripción voluntaria pero si se apunta y no cumple no hay sanciones. No están previstas sanciones por parte de los tribunales ante dicho incumplimiento. Lo único que deja abierto es pedir una indemnización en otro procedimiento”. En dicho fallo señala el magistrado que debe ser mejorado por que no tiene mecanismos para sancionar las malas prácticas “ deja en manos del banco la posibilidad de cumplir o no, sin que se le pueda hacer ningún tipo de reproche”.

Muchos desahucios que podrían evitarse si los bancos informaran a sus clientes afectados que pueden adherirse al Código de Buenas Prácticas Bancarias. A veces informan el mismo día de la ejecución hipotecaria

A juicio de este experto en derecho hipotecario “debería obligar a los partidos políticos a mejorar dicho Código de Buenas Prácticas y establecer un régimen sancionador, ahora inexistente.  Cualquier norma debe tener esas sanciones para evitar que nadie que se adhiere a él lo incumpla en la práctica. Tal y como está redactado no esta previsto nada. EN este caso concreto, la ejecución hipotecaria siguió adelante”.

En otro caso que llevó este despacho en A Coruña reconoce que el banco le informó al cliente la existencia del Código de Buenas Prácticas en el momento que presentaba ya la ejecución. “En el propio documento de la ejecución se añadió una coletilla que hablaba de la existencia de dicho Código. Fuimos a la jueza y le dijimos que no había cumplido la información ante el impago, pero nos dijo que ya había cumplido con ese deber de información en la propia ejecución. El Código hay que ofrecerlo antes de acudir a la ejecución, así lo dice en su Préambulo que quiere evitar las ejecuciones hipotecarias”.

Los desahucios siguen en España

Paco Morote, portavoz nacional de la PAH, recuerda que pese a este Código de Buenas Prácticas bancarios hay 174 desahucios diarios en nuestro país. “Al no haber un parque público de viviendas donde estas personas afectadas se puedan ubicar quedan a la intemperie muchos de ellos”. Otra cuestión que observa con preocupación son los precios de los alquileres que no dejan de subir. “Al final muchas familias se ven obligadas a ocupar viviendas que no son suyas”. La PAH no defiende la ocupación de viviendas y si la recuperación de aquellas sujetas a los bancos que están cerradas sin utilidad.

Sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias recuerda que es de carácter voluntario el integrarse por las entidades financieras “ pero si se mete están obligados a cumplir todo lo que ahí se indica. Desgraciadamente no ha servido para paralizar los desahucios en nuestro país”. Respecto a los incumplimientos de los bancos en estas cuestiones Morote recuerda que los afectados podrían denunciar ante el Ministerio de Economía y el Banco de España dichos incumplimientos. “Hay que estar bien asesorado para saber cómo actuar en caso de incumplimiento de dicho Código. Se ha demostrado con la práctica su poca utilidad”.

Otra cuestión de este Código de Buenas Prácticas es que obliga a los bancos a ofrecer un alquiler social a las personas afectadas. “En principio eran alquileres sociales por tres años, pero luego salió  un Real Decreto que actualizaba la norma, en enero del 2017 y ofrecía moratorias de cinco años y prórrogas. Sin embargo,  al cumplirse los vencimientos de dichos alquileres vemos que  ya no es el banco el propietario del piso. Lo ha transferido a una Socimi suya o a un fondo buitre con lo cual no te renuevan, aunque están obligados por el citado Código. Esto genera dificultades en la renovación de los alquileres”.

El problema para este activista de la PAH “no es que la gente ocupa una vivienda sino porqué lo hace”. Sobre la reforma express que se ha aprobado en el Parlamento para impulsar los desahucios express señala que” nuestros diputados han elevado la anécdota a la categoría. No dan un solo dato que justifique este tema. Dicen que hay mafias que alquilan pisos por mil euros. SI muchas personas tuvieran ese dinero estoy seguro que no se lo darían a este tipo de organizaciones y se buscarían mejor la vida con un alquiler en toda regla”.

Desde la PAH se indica que la propuesta de Ciudadanos es peor aún que la del PDCAT que ya conocemos “la primera solo modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Civil, pero la propuesta del partido de Albert Riveramodifica el Código Penal. Pasaríamos de la multa que viene por el delito de usurpación y una leve prisión si realmente hiciste daños y destrozos en esa casa a una reforma del Código Penal donde se contemplaría dos años de cárcel que con antecedentes supera el mínimo y entras en ella”. Reconoce que muchos ciudadanos ocupan su propia vivienda de la que han sido desahuciados.

Otra de las repercusiones de dicha propuesta del partido naranja “ te sacan si has ocupado de cualquier lista de ayudas publicas municipales para lograr una vivienda. Pierden sus derechos y antigüedad. Al mismo tiempo la reincidencia en este tipo de acciones puede llegar a cumplir cinco años de cárcel. Aquí también, además de la persona física, la persona jurídica te puede demandar. Es una medida tremenda que no aporta soluciones a los múltiples problemas de vivienda que hay en España. Solo se encarcelan y criminalizan a los pobres”; aclara Morote. Tras el trámite parlamentario de dichas propuestas la PAH tiene previsto denunciar a la ONU dicha nueva normativa.

Desde la PAH se advierte que muchas renovaciones de alquileres sociales están en manos de Socimis o fondos buitres que impiden su mantenimiento.

por Luis Javier Sanchez.

Periodista jurídico, comunicador y consultor de comunicación.

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