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ABOGADO PARA DELITO INSOLVENCIA PUNIBLE Y ALZAMIENTO DE BIENES

¿En qué consiste el delito de alzamiento de bienes y cómo se castiga?

El delito de alzamiento de bienes viene regulado en los artículos 257 y siguientes del Código Penal, dentro del título XIII relativo a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El Código Penal, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, protege ahora al acreedor y la eficacia de la actividad ejecutiva dirigida a satisfacer las deudas pecuniarias, y así dichas conductas se tipifican bajo el título “frustración de la ejecución”.

 

Naturaleza del alzamiento de bienes y penas previstas.

En particular, el artículo 257 del Código penal dispone: “Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: 1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, y,  2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación”.

Esta norma se completa al indicarse que será castigado con la misma pena quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.

En este sentido, es indiferente cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, o que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada, o que tras su comisión se inicie un procedimiento concursal.

Podemos concluir por tanto que el alzamiento de bienes es aquella conducta que realiza un deudor en virtud de la cual disminuye o elimina su patrimonio con el fin de frustrar las expectativas de derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se tutela así el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, que indica que el deudor debe hacer frente a la deuda con todos sus bienes presentes y futuros.

Por otra parte, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.

 

El alzamiento de bienes según el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo  ( SSTS 228/2013, de 22 de marzo y 925/2013, de 4 de diciembre, entre otras), considera que se trata de un delito de mera tendencia, es decir, que no exige que se cause un daño al derecho de los acreedores, sino que basta con la actividad encaminada a ese fin.

La Sentencia del  Tribunal Supremo de 16/02/2017 analiza un supuesto en el que una empresa que venía arrastrando una situación de insolvencia, realizó diversos pedidos de mercancía, que abonó con la entrega de diversos pagarés a sabiendas de que iban a resultar impagados, constatándose en el procedimiento de ejecución dineraria que la deudora carecía de bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser embargados, que había cesado de facto en su actividad sin haber instado la declaración de concurso y que se había constituido otra sociedad a la que se desvió la actividad, proveedores y clientes, en claro perjuicio de su acreedora.

En este caso, el Tribunal Supremo consideró que constituían un delito de alzamiento de bienes las operaciones consistentes en desviar, fuera del patrimonio de la originaria entidad, el grueso de sus bienes materiales y personales y las expectativas comerciales de la sociedad, evitando con ello que se ejecutara sobre su patrimonio las deudas contraídas en virtud del contrato de compra de mercancías, al acreditarse que el cese casi simultáneo de la entidad sucedida y el inicio de la actividad de la sucesora, junto a la similitud, del objeto social de clientes, la imposibilidad de hacer frente a pagos, de renovar el crédito financiero, etc.

 

Relación de bienes incompleta para perjudicar al acreedor.

Otra modalidad delictiva de este tipo penal es la que viene recogida en el artículo 258 del Código Penal: “Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor”.

En este sentido, se considera incompleta la relación de bienes o patrimonio cuando el deudor utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto. Igualmente, se impondrá la misma pena cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio solicitada por la autoridad encargada de la ejecución patrimonial.

Se ha de destacar que este es uno de los delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica, de modo que el artículo 258 ter del Código Penal prevé la posibilidad de imponer a las personas jurídicas autoras del delito las siguientes penas:

“a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b)Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos”.

devesaycalvo

 

 

 

El delito de insolvencia punible

La insolvencia se produce cuando una persona física o jurídica hace todo lo posible para no poder pagar el dinero adeudado. Es decir, en una situación de insolvencia se produce un desequilibrio patrimonial en el que la cantidad de las obligaciones y créditos exigibles al deudor superan a sus bienes, derechos y patrimonio, por lo que el acreedor no puede cobrar los créditos.

Se produce un delito de insolvencia punible cuando el deudor realiza actos fraudulentos que perjudican los intereses de los acreedores.

¿Qué es el delito de insolvencia punible?

La insolvencia punible es un delito económico recogido dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Se regula en los artículos 259 a 261 bis del Código Penal.

Este delito se perfecciona cuando el deudor realiza cualquier acción u omisión que tenga como finalidad perjudicar la masa que se pretende enajenar en el concurso o dar una imagen falsa de su solvencia económica.

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¿Qué conductas constituyen un delito de insolvencia punible?

Las conductas típicas del delito de insolvencia punibles serán cualquier acción u omisión que menoscaben la cantidad del concurso o que esté destinada a dar una imagen ficticia de la solvencia de una empresa.

Para que sean delito, todas estas conductas han de realizarse en situación de insolvencia actual o inminente o causar una situación de insolvencia posterior. El listado se recoge en el artículo 259 del Código Penal:

  • La ocultación, destrucción o provocación de daños a los bienes o elementos patrimoniales de la masa del concurso.
  • Los actos de disposición a través de la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales.
  • Aquellas operaciones de venta o prestaciones de servicio por un coste por debajo de adquisición o producción sin justificación económica.
  • La simulación de créditos de terceros o el reconocimiento de créditos ficticios.
  • La participación en negocios especulativos sin justificación económica cuando sea contraria al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
  • El incumplimiento del deber legal de llevar contabilidad, llevar una doble contabilidad o cometer irregularidades en el proceso.
  • La destrucción o alteración de los libros contables, de forma que se impida o dificulte la valoración de la situación financiera.
  • La ocultación, destrucción o alteración de la documentación que el empresario esté obligado a conservar, de forma que se impida o dificulte la valoración de la situación financiera.
  • Cuando se llevan los libros contables o las cuentas anuales de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se impida o dificulte la valoración de la situación financiera.
  • Cualquier otra acción u omisión que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos. Es decir, la falta de la diligencia debida en la gestión.

1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas:

1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.

5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.

6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.

8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.

Artículo 259.1 del Código Penal

Características del delito de insolvencia punible

El bien jurídico protegido del delito de insolvencia punible es el derecho de los acreedores a la satisfacción de los créditos que les son debidos con el patrimonio del deudor. Este derecho se deriva del artículo 1911 del Código Civil.

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Artículo 1911 del Código Civil

Además, también se intenta proteger el buen funcionamiento del sistema crediticio. Se trata de un delito de naturaleza patrimonial y socioeconómica, cuyo sujeto activo siempre es la persona que ha incumplido el deber de respetar las garantías de los acreedores. Asimismo, se trata de un delito doloso que persigue obtener un beneficio propio, y podrá perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso.

Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa.

Artículo 259.5 del Código Penal

El tipo atenuado y el tipo agravado del delito de insolvencia punible

Si las conductas contempladas en el artículo 259.1 se cometen por imprudencia, el castigo a imponer será menor. Para estos casos se prevé una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.

Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 259.3 del Código Penal

Por otro lado, la pena a imponer por el delito de insolvencia punible se elevará en los siguientes supuestos:

  • Cuando el perjuicio económico se produzca (o pueda producirse) en una generalidad de personas, y también cuando pueda ponerlas en una grave situación económica.
  • En los supuestos en los que el perjuicio económico de alguno de los acreedores supere los 600.000 euros.
  • Si al menos la mitad de los titulares de los créditos concursales son la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica.

2.ª Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros.

3.ª Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social.

Artículo 259 bis del Código Penal

¿Qué ocurre si el deudor favorece a uno de los acreedores?

Las acciones para favorecer a uno de los acreedores sin justificación están tipificadas en el artículo 260 del Código Penal. Estas conductas pueden consistir en:

  • Favorecer a uno de los acreedores a través de un acto de disposición patrimonial, una acción que genere obligaciones para pagar un crédito no exigible o facilitar una garantía a la que no tenía derecho, siempre que el deudor se encuentre en una situación de insolvencia. Es indiferente que la deuda satisfecha exista y sea legítima y debida.
  • Realizar cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que esté destinado a pagar a uno o varios de los acreedores, posponiendo los derechos del resto injustificadamente, siempre que se haya admitido a trámite la solicitud del concurso.

1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.

2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.

Artículo 260 del Código Penal

La presentación de datos falsos en el procedimiento concursal

Si en un proceso consultar se presentan datos falsos relativos al estado contable con el objetivo de que se declare indebidamente este procedimiento concursal se estará cometiendo un delito de mera actividad. Para que se cometa un delito debe existir una relación de causalidad entre la falsedad de la información contable y la declaración jurisdiccional.

Este delito puede cometerlo cualquier persona que tenga acceso al procedimiento concursal y la legitimación para introducir datos falsos. Es decir, puede cometerlo el deudor, un representante, un tercero e incluso un acreedor.

El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses.

Artículo 261 del Código Penal

dexiaabogados

 

Delito de insolvencia punible

 

DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE

 

Concepto del delito de insolvencia punible

El delito de insolvencia punible, es aquel que se produce cuando encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, se oculten o se realicen actos que perjudiquen los intereses de acreedores.

Formas de comisión del delito de insolvencia punible

Comenten el delito de insolvencia punible (art. 259 CP) aquellos que:

Encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas:

Oculte, cause daño o destruya bienes de la masa del concurso acreedores

Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso de acreedores en el momento de su apertura.

Realizar actos de disposición no acordes con la situación patrimonial

Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

Realizar operaciones de veta o de servicios a precio inferior a su adquisición

Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

Simular créditos de terceros

Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.

Participar en negocios especulativos

Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.

Incumpla el deber legal de llevar contabilidad o llevar doble contabilidad

Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

Oculte, destruya o altere documentos

Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.

Formular cuentas anuales o libros contables contrarios a normativa

Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.

Cualquier otra conducta activa u omisiva que pueda ser grave

Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

Los hechos cometidos por imprudencia

Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

¿Cuando se comete este delito?

Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso de acreedores.

Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso de acreedores y sin perjuicio de la continuación de este.

El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa.

En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concurso de acreedores vinculará a la jurisdicción penal.

La pena a imponer en caso de insolvencia

Será castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de ocho a veinticuatro meses quien.

Los hechos a que se refiere el apartado anterior serán castigados con una pena de prisión de 2 a 6 años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica.

2.ª Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros.

3.ª Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social.

El favorecimiento a unos acreedores en perjuicio de otros

Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.

Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.

Presentar datos falsos en proceso concursal

El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses.

Responsabilidad de las personas jurídicas en el delito de insolvencia

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Fuente de información principal: Arts. 259 a 261 bis de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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