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ANULACION SANCION HACIENTA EN INSPECCION

Un error de Hacienda permite a muchos autónomos recuperar el dinero de sus sanciones

Un error de procedimiento llevado a cabo por Hacienda está permitiendo a muchos autónomos recuperar su dinero tras ser sancionados durante la inspección de sus negocios, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que se ha posicionado a favor de los trabajadores por cuenta propia.

El error cometido por Hacienda

Para entender el error cometido, empezaremos diciendo que Hacienda dispone de dos vías para verificar que el contribuyente declara correctamente sus impuestos: mediante el procedimiento de comprobación, que es llevado a cabo por un técnico de la Agencia Tributaria; o mediante la inspección, un proceso mucho más complejo que realiza un inspector.

Según la sentencia del Tribunal Supremo “la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener bonificaciones o exenciones en las autoliquidaciones tributarias, y la aplicación de regímenes especiales, solo pueden llevarse a cabo mediante un procedimiento de inspección”. Así, todas aquellas sanciones impuestas en esta materia sin que se haya producido una inspección previamente son nulas de pleno derecho.

Por tanto, como Hacienda ha venido empleando la vía de la comprobación para realizar inspecciones ya que se trata de un proceso mucho más sencillo, ha realizado dicho procedimiento de forma incorrecta. De este modo, el error permite que los autónomos puedan recuperar el dinero de sus sanciones si se han impuesto tras un procedimiento de comprobación y no de inspección.

Los autónomos podrán recuperar el dinero de sus sanciones

Gracias a este error de la Agencia Tributaria muchos contribuyentes, especialmente del colectivo de los autónomos, van a poder impugnar las sanciones que les ha impuesto Hacienda si les han realizado dicha inspección de forma “irregular”. De esta forma, podrán exigir la devolución íntegra de la multa.

Eso sí, siempre que la Administración haya empleado el mencionado procedimiento de comprobación. Además, puede darse el caso de que dicha devolución pueda ir acompañada de unos intereses.

Y otro aspecto a tener en cuenta es que, aunque se anule la sanción y esta sea devuelta, en la mayoría de los casos la Agencia Tributaria no va a poder iniciar de nuevo un procedimiento de forma correcta (a través de una inspección) para sancionar nuevamente al trabajador, debido a que el plazo ya ha prescrito.

La inminente reacción de Hacienda

La reacción de Hacienda a la sentencia del Tribunal Supremo no se ha hecho esperar, y ya ha dejado de emplear este procedimiento. En estos momentos se están produciendo muchos más procedimientos de inspección en lugar de comprobación.

La Administración ha detectado que puede llegar a perder grandes cantidades de su recaudación si finalmente se procede a impugnar todas aquellas multas que se han venido imponiendo mediante el procedimiento erróneo. Por consiguiente, su reacción ha sido inminente y ya ha incrementado de forma muy notoria la puesta en marcha de procesos de inspección tributaria.

En resumen, es de vital importancia que en estos tiempos que corren estés muy pendiente de todo lo que rodea y afecta a tu empresa si eres autónomo. Para que puedas hacerlo, no dudes en recurrir a la ayuda de los profesionales expertos de la asesoría online de Infoautónomos para que se encarguen de tus gestiones fiscales y puedas así disponer del tiempo y atención que necesitas para tener bajo control todas las gestiones de tu negocio.

 

Reserva de ley del procedimiento inspector para las comprobaciones administrativas de contribuyentes sometidos a un régimen tributario especial

El Tribunal Supremo (TS) acaba de dar un duro revés a la AEAT al declarar nulas de pleno derecho a una gran parte de las comprobaciones administrativas efectuadas por los órganos de gestión tributaria.

Mediante Sentencia de fecha 23 de marzo de 2021, el TS señala que el art. 141 e) de la Ley General Tributaria (LGT) establece una reserva de ley de procedimiento tributario, de forma que las comprobaciones administrativas de aplicación de los tributos efectuadas a los contribuyentes que están sometidos a un régimen fiscal especial debe ser efectuada obligatoriamente por los órganos de Inspección. Y no por los órganos de Gestión tributaria, como suele producirse en la práctica.

El art. 141 e) LGT, encuadrado dentro del Capítulo IV de la LGT, y denominado “Actuaciones y procedimiento de inspección”, señala textualmente:

Artículo 141 La inspección tributaria:

La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

  1. e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

Los contribuyentes que están acogidas a un régimen tributario especial son numerosísimos. Entre ellos destaca, por encima de todas, las Entidades de Reducida dimensión o Pymes. La reserva de ley habla de “régimen tributario especial”, sin discriminar ningún tributo.

Así por ejemplo, por lo que respecta a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, son régimen fiscales  especiales los aplicados a las entidades que se encuentran sometidas a los artículos 43 a 117 LIS:

  • Agrupaciones de Interés Económico (AIE)
  • Unión Temporal de Empresas (UTE)
  • Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
  • Sociedades y fondos de capital riesgo
  • Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)
  • Entidades en régimen de consolidación fiscal
  • Operaciones acogidas al régimen especial de neutralidad fiscal
  • Empresas acogidas al régimen de minería
  • Empresas sometidas al régimen de hidrocarburos
  • Transparencia fiscal internacional.
  • Empresas de reducida dimensión
  • Entidades de Tenencia de Valores extranjeros (ETVE)
  • Entidades sometidas al régimen naviero; y
  • Entidades parcialmente exentas (enunciadas en el art. 9.3 LIS), entre las que citamos a:
  1. Las entidades sin ánimo de lucro.
  2. Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
  3. Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores.
  4. Los fondos de promoción de empleo sobre reindustrialización.
  5. Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
  6. Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las comunidades autónomas.

Por su parte, la Ley del IVA habla también de regímenes especiales al señalar los siguientes:

  • Régimen simplificado del IVA.
  • Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
  • Régimen especial de bienes usados.
  • Régimen especial del oro de inversión.
  • Régimen especial de agencias de viajes.
  • Régimen especial del recargo de equivalencia.
  • Régimen especial aplicable a os servicios prestados por vía electrónica.
  • Régimen especial del grupo de entidades.
  • Régimen especial del criterio de caja.
  • Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica.

En el IRPF, los regímenes especiales son, entre otros, los siguientes:

  • Imputación de rentas inmobiliarias
  • Atribución de rentas
  • Transparencia fiscal internacional
  • Derechos de imagen
  • Régimen especial para trabajadores desplazados (Ley Beckham)
  • Régimen aplicable a los partícipes de SICAV y otras IIC
  • Ganancias por cambio de residencia al extranjero (Exit tax)

Por lo tanto, está claro que Sentencia del TS supone un torpedo dirigido a la línea de flotación de las actuaciones de comprobación limitada efectuadas por los órganos de Gestión de la AEAT.

Tras la publicación de esta Sentencia del TS, tal y como indica la Sentencia, se abre la posibilidad de que los contribuyentes que hayan sufrido en cualquier momento una comprobación administrativa de los órganos de Gestión Tributaria, debiendo estar reservada la comprobación a los órganos de Inspección, puedan instar un procedimiento especial de revisión por actos nulos de pleno derecho, al amparo del art. 217.1 e) LGT, y solicitar la devolución íntegra de la cantidad satisfecha a Hacienda.

El artículo 217.1 e) LGT versa sobre la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en el supuesto que “hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio”.

No existe un plazo tasado para promover la declaración de nulidad de pleno derecho. Esto quiere decir que pueden ser promovidos por comprobaciones administrativas que estén ya prescritas.

El único límite que existirá para aplicar este procedimiento de revisión será el principio de cosa juzgada. Esto es, no cabrá solicitar la declaración de nulidad en caso de que haya recaído sobre esa comprobación administrativa una sentencia judicial firme. Si cabrá, en cambio, si no se ha recurrido el acto administrativo, o habiéndose recurrido en vía administrativa, no se recurrió la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo correspondiente.

No descartamos que la Administración ponga trabas de todo tipo al contribuyente en el recurso de revisión por actos nulos de pleno derecho, dada la envergadura económica que supondrá rectificar esta situación, y que por ello el contribuyente tenga que combatir la desestimación del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Audiencia Nacional), pero entendemos que la reserva de ley supone una “falta total y absoluta de procedimiento”, lo que daría lugar a la nulidad de pleno derecho del acto administrativo.

Por último, indicar que habrá que valorar si pueden acogerse al recurso especial de revisión de actos nulos de pleno derecho, aquellas comprobaciones limitadas efectuadas por Gestión Tributaria en donde se regularice los rendimientos de actividades económicas de los empresarios y profesionales (las denominadas “paralelas” o “inspecciones encubiertas” de los autónomos). Ello entendiendo que el autónomo, por remisión normativa, ha podido aplicar aspectos del régimen especial de Pymes a la hora de calcular el rendimiento neto de la actividad económica.

Lo cierto es que los órganos de Gestión Tributaria han abusado durante años del uso del procedimiento de comprobación limitada para efectuar las comprobaciones tributarias de aplicación de los tributos. Este procedimiento de gestión tributaria resulta más rápido y ágil que el procedimiento inspector, al estar sujeto a unas menores formalidades y garantías para el contribuyente. Esta Sentencia puede ser el fin de está practica administrativa.

En caso de que usted o su empresa hayan sufrido, como contribuyentes, una comprobación administrativa, y por estar sometido a un régimen tributario especial, entienda que puede recurrir la revisión administrativa y solicitar la devolución íntegra de del importe cobrado por Hacienda, le recomendamos que se ponga en contacto con GC LEGAL para que le asistamos con la presentación del recurso especial de revisión.

 GC Legal

 

 

 

Se puede recuperar el dinero de estas sanciones

Este error «meramente formal» de la Agencia Tributaria, permite a los contribuyentes, especialmente a los autónomos, impugnar las sanciones que Hacienda les haya impuesto a raíz de una inspección y exigir la devolución de la multa. Todo ello, siempre y cuando la Administración les haya juzgado bajo un procedimiento de comprobación.

«La justicia avalará al trabajador por cuenta propia, y Hacienda tendrá que devolver al autónomo el dinero de la sanción. E incluso, en algunos casos, esta devolución tendrá que efectuarse con unos intereses», explicó Roger Mestres.

Varios despachos de abogados y asesores fiscales están estudiando las sanciones que la Administración ha impuesto a sus clientes, los autónomos, para impugnar las liquidaciones en un procedimiento de comprobación que invada las competencias reservadas al procedimiento de inspección tributaria. Además, según el experto, aunque la nulidad de la sanción y la correspondiente devolución se dé por una cuestión meramente formal, en la mayoría de los casos la Administración no podrá iniciar un nuevo procedimiento, esta vez el correcto -de inspección- para sancionar de nuevo al profesional debido al plazo de preinscripción».

 

La equivocación de Hacienda al aplicar un procedimiento inadecuado a un contribuyente posibilita que recupere el importe de sanción satisfecho

La Administración Tributaria utiliza en ocasiones un procedimiento inadecuado al constatar la veracidad de los datos contenidos en las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, lo que conlleva a la anulación del mismo. Sirva a título de ejemplo, entre otras, la STS de 19 de mayo de 2020 (rec. 3940/2017).

Esa misma línea de jurisprudencia sigue teniendo el Tribunal Supremo, posibilitando que muchos autónomos, a quienes se les había sancionado como resultado de un procedimiento llevado a cabo por la Administración Tributaria, puedan recuperar el dinero satisfecho en concepto de sanciones.

En efecto, en reciente sentencia ha fallado a favor de los trabajadores autónomos señalando que “la verificación del cumplimiento de los requisitos para obtener bonificaciones o exenciones en la autoliquidaciones tributarias y aplicación de regímenes especiales, solo pueden llevarse a cabo mediante un procedimiento de inspección”. Por consiguiente, cualquier sanción impuesta derivada de la aplicación de otro procedimiento (de comprobación) sería nula de pleno derecho.

Como sabemos, la Administración Tributaria dispone de varias opciones para verificar que el sujeto pasivo realiza una declaración correcta de los impuestos: el procedimiento de comprobación y de inspección. Cada uno de ellos se lleva a cabo por quien tiene facultades legales para ello (técnicos/gestores tributarios o inspectores), siguiendo el cauce establecido y con el alcance determinado por las normas.

Pero durante tiempo la Agencia Tributaria ha utilizado el procedimiento de comprobación (más ágil y con menos trámites) para, en realidad, llevar a cabo inspecciones, sin reunir los requisitos establecidos. Concretamente, se iniciaban procedimientos de comprobación con el fin de verificar si un autónomo declaraba correctamente sus ingresos y gastos, negándole beneficios fiscales a los que según el criterio administrativo, no tenían derecho. Pero esto no es posible, según el Tribunal Supremo, ya que las acciones de verificación de exenciones o beneficios fiscales a las que tienen acceso los autónomos solo pueden llevarse a cabo en un procedimiento de inspección. Es una acción que únicamente puede ejecutarse por esta vía. En caso contrario, es nulo.

Este error de forma en la aplicación del correcto procedimiento por la Administración deviene en la nulidad del mismo y conlleva que el sujeto pasivo pueda impugnar la sanción impuesta y obtener la devolución del importe satisfecho, más los intereses. Todo ello sin perjuicio de que la Administración pueda iniciar nuevamente actuaciones al contribuyente con el procedimiento inspector procedente, si el periodo en cuestión no se ha visto afectado por la prescripción.

 

STS_994_2020

 

NULIDAD DE LAS LIQUIDACIONES PRACTICADAS POR GESTIÓN TRIBUTARIA EN REGÍMENES ESPECIALES, COMO EL DE LAS EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

La Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de marzo de 2021, dictada en el recurso nº 3688/2019, ha asestado un duro golpe a una práctica abusiva que venía practicando Hacienda: realizar comprobaciones tributarias en relación a la aplicación de los Regímenes Especiales tributarios y practicar regularizaciones mediante liquidaciones dictadas por los órganos de Gestión Tributaria, cuando el artículo 141.e) LGT reservaba esta facultada a la Inspección de los Tributos.

El Tribunal Supremo ha fijado la siguiente doctrina:

Conforme a una interpretación gramatical y sistemática del artículo 141.e) LGT, las actuaciones que se sigan para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de regímenes tributarios especiales, como es el que se prevé, en el caso enjuiciado, para los colegios profesionales, en su carácter de entidades parcialmente exentas -y, por ende, a las que se asigna un régimen fiscal especial-, han de ser actuaciones inspectoras y seguirse, necesariamente, por los órganos competentes, a través del procedimiento inspector.”

Y de lo anterior, deriva la siguiente consecuencia:

A ello debe añadirse que, conforme a la muy reiterada doctrina de esta Sala Tercera, precisamente acuñada en relación con la aplicación indebida del procedimiento de comprobación limitada, la selección por la Administración, para el ejercicio de sus facultades, de un procedimiento distinto al legalmente debido, conduce a la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos -en este caso de liquidación- que les pongan fin, por razón de lo estatuido en el artículo 217.1.e) de la LGT, en relación con sus concordantes de la legislación administrativa general.”

Y, de ello, a los efectos que aquí nos interesan, sólo puede desprenderse una consecuencia: son atacables por nulidad de pleno derecho todas las liquidaciones practicadas por los órganos de Gestión Tributaria de la AEAT -no por los de la Inspección de los Tributos- referidos a la aplicación de regímenes especiales tributarios, como por ejemplo, los que afectan a los Incentivos fiscales a las Empresas de Reducida Dimensión, al Régimen especial de reestructuraciones societarias, a las ETVEs, o a las AIE y UTEs. Y no olvidemos los regímenes especiales en el IVA, como, por ejemplo, el del Recargo de Equivalencia, el de bienes usados y objetos de arte, o el de las Agencias de Viajes.

Por tanto, si Vd. se ha visto afectado por una regularización tributaria en alguno de estos casos, practicada no por la Inspección, sino por los órganos de Gestión Tributaria de la AEAT, que sepa que puede reclamar la devolución de ingresos indebidos de aquella cuantía que le liquidaron, o de la sanción que le impusieron, junto a los correspondientes intereses de demora, dado que aquella regularización tributaria fue nula de pleno derecho.

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