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REQUISITOS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

¿QUÉ ES LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA?

 

Se trata de una prestación social y familiar (con distinta denominación según cada Comunidad Autónoma) cuya finalidad es atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentran en situación de exclusión social, la cual se fundamenta en los siguientes principios de igualdad, equidad, universalidad, solidaridad, complementariedad, subsidiariedad entre otras.

 

Esta renta además es “subsidiaria  respecto  a  cualquier  prestación, contributiva o no contributiva, así como de cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de  protección,  constituyendo  la  última  red  de  protección,  a  salvo  de  las  excepciones establecidas para los supuestos de complementariedad.” art. 4 de Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.

 

Además, la misma es complementaria hasta el importe de esta que de ésta corresponda percibir en su caso, respecto de los ingresos y prestaciones económicas a que pudiera  tener  derecho  cualquiera  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  o  de  convivencia, excepto para el solicitante o titular de la prestación de renta garantizada cuando sea titular de prestaciones que procedan de las acciones protectoras de la Seguridad Social tanto contributiva como no contributiva en cualquiera  de  sus  modalidades  contributiva  o  no  contributiva,  o  de  cualesquiera  otros regímenes  o  sistemas  públicos  de  protección,  en  cuyo  caso  será  incompatible,  salvo  lo dispuesto en el art. 4.3 párrafo segundo que nos indica que la prestación de renta garantizada será compatible para su solicitante o titular con la percepción de prestaciones derivadas de la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad, o por riesgo durante el embarazo, las derivadas de incapacidad temporal durante el desarrollo de actividad laboral, así como las prestaciones por hijo a cargo, en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.

 

Además el mismo art. 4.3 indica que:

“Asimismo,  también  será  compatible  para  su  solicitante  o  titular,  con  carácter complementario,  hasta  el  80%  del  indicador  público  de  renta  de  efectos  múltiples  vigente para cada ejercicio económico (IPREM) con la percepción de prestaciones por desempleo, subsidio  de  desempleo,  Programa  de  Renta  Activa  de  Inserción  (RAI),  Programa  de activación  para  el  Empleo  (PAE),  Programa  Personal  de  Integración  y Empleo  (PIE), Programa  de  Recualificación  Profesional  (PREPARA)  u  otras  de  análoga  naturaleza  que normativamente se determinen, siempre que su importe sea inferior al referido porcentaje del IPREM y se cumplan el resto de requisitos establecidos para los destinatarios contemplados en el título I.

 

Igualmente,  la  prestación  de  renta  garantizada  será  compatible  para  su  beneficiario titular, con carácter complementario, hasta el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples vigente para cada ejercicio económico (IPREM), con la percepción, a la finalización de  la  actividad  laboral,  de  la  prestación  o  subsidio  de  desempleo  de  importe  igual  a  la cuantía básica de renta garantizada de ciudadanía.”

 

Haciendo un breve resumen, la Renta Garantizada de Ciudadanía tiene como objetivo proporcionar medios y apoyos necesarios para atender necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social, de manera de dicha integración se facilita mediante el apoyo económico y a través de las actuaciones.

 

 

 

REQUISITOS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA

 (caso Castilla y León)

 

  1. Requisitos del titular:

 

  1. Residencia legal y domicilio en Castilla y León con un año de antelación
  2. Empadronamiento en Castilla y León con un año de antelación

2.1 Excepción:

  • Emigrantes castellano leoneses retornados
  • Mujeres víctimas de violencia de género
  • Situaciones de necesidad extrema sobrevenida
  • Extranjeros refugiados o con solicitud de asilo

 

2.2 Solicitantes  alojados  en  espacios  que  no  sean  susceptibles  de  ser  reconocidos  como viviendas,  bastará  con  acreditar  dicha  situación  en  el  informe  social  y  justificar,  la permanencia en algún municipio de Castilla y León con, al menos, un año de antelación.

 

  1. Edad entre 25 y la que permita el acceso a prestaciones contributivas o no contributivas.

3.1 Excepción:

  • Menores de 25:
  • Independientes de su familia de origen durante tres años, de los que dos han estado de alta en la seguridad social
  • Con familiares a su cargo
  • Que hayan estado bajo la guarda de la administración
  • Huérfanos de padre y madre sin derecho a pensión
  • Mujeres víctimas  de  violencia  de  género  que sean  menores emancipadas  o mayores de edad
  • Menores emancipados y mayores de edad cuando los miembros de su familia de origen  con  quienes  conviven,  ingresen  en  un  centro  que  cubra  sus necesidades de subsistencia.
  • Que no  habiendo  estado  bajo  la  acción  protectora  de  la  Administración durante su minoría de edad, estén siendo atendidos en centros para jóvenes sin recursos con financiación pública

 

3.2 Mayores de 65:

o  Emigrantes  retornados  sin  derecho  a  pensión  al  no  cumplir  el  requisito  de residencia legal previa en España

 

  1. Carencia de medios económicos o patrimoniales suficientes para atender sus necesidades básicas de subsistencia.

 

  1. No ser perceptor de prestaciones públicas

5.1 Excepción:

  • Víctimas de  violencia  de  género  beneficiarias  de  RAI  renta  activa  de  inserción, podrán percibir los complementos por cada restante miembro de la unidad familiar o de convivencia.
  • Perceptores de prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de  Inserción  (RAI),  Programa  de  activación  para  el  Empleo  (PAE), Programa  Personal  de  Integración  y  Empleo  (PIE),  Programa  de  Recualificación Profesional  (PREPARA)  u  otras   de  análoga  naturaleza  siempre  que su  importe  sea  inferior al 80% del IPREM.
  • Perceptores de  la  prestación  o  subsidio  de    desempleo  a  la  finalización  de  la actividad laboral de importe inferior o igual al 80% del IPREM
  • Perceptores de  la  prestación  de  ingreso  mínimo  vital  cuando  la  cuantía reconocida  de  ingreso  mínimo  vital  sea  inferior  a  la  de  renta  garantizada  de ciudadanía que pudiera corresponder a la unidad familiar o de convivencia.

 

  1. No residir, con carácter general, en centros que atiendan las necesidades básicas de subsistencia

6.1 Excepción:

  • Centros de acogida para víctimas de violencia de género o abandono familiar y los centros específicos destinados a la atención de problemáticas sociales asociadas a la condición de víctima de violencia de género.
  • Viviendas u otros recursos residenciales de apoyo a la inserción para transeúntes e indomiciliados.
  • Jóvenes que hayan estado bajo la guarda de la administración y residan en centros o viviendas de transición.

 

  1. Que todos los  miembros  de  la  unidad  familiar  o  de  convivencia  cumplan  las  condiciones  y requisitos establecidos para ellos.

 

  1. En los casos de haber sido condenado por delitos contra la vida o contra la libertad sexual, haber satisfecho la responsabilidad civil declarada en sentencia.

 

 

  1. Requisitos de los miembros de unidad familiar o de convivencia

 

  1. Carencias de medios económicos o patrimoniales suficientes para atender necesidades básicas de subsistencia
  2. Haber solicitado todas las prestaciones a las que pudiera tener derecho
  3. Inscripción como demandante de empleo

3.2 Excepción:

  • Miembros que estén cursando una actividad formativa reglada
  • Cuidadores de personas dependientes con convenio suscrito con la Seguridad Social
  • Los casos en que así lo indique el informe social. Esta circunstancia también podrá ser tenida en cuenta en lo que afecta a la inscripción como demandante de empleo.
  1. Menores en edad de enseñanzas obligatorias estén escolarizados
  2. Residencia legal y domicilio en Castilla y León (no se exige un año)

 

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